Después de haber conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer el pasado 25 de noviembre, el Gobierno prepara un plan de actuación pionero de protocolo contra el acoso sexual que resolverá las denuncias en un plazo máximo de 30 días.
En el artículo de hoy en el blog prestamos especial atención al texto, fruto del pacto entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), al que han tenido acceso los principales medios de comunicación nacionales y que entrará en vigor tras la aprobación del Consejo de Ministros:
- Objetivo: el protocolo para combatir el acoso sexual en el entorno laboral insta a las empresas a perseguir actitudes de intimidación, contactos indeseados, mensajes redes sociales o miradas con trasfondo.
- Defensa LGTBI+: los colectivos incluidos bajo el paraguas de las siglas LGTBI+ serán protegidos por el espíritu de la norma si sienten que les ridiculizan por su identidad sexual, si reciben amenazas o se dirigen a ellas de manera ofensiva.
- Conductas verbales y no verbales: entre las primeras podemos encontrar las insinuaciones o comentarios sugerentes indeseados así como las llamadas telefónicas o contactos por redes sociales. Entre las no verbales, serán motivo de sanción la exhibición de fotos sugestivas con contenido sexual.
- Asesor confidencial: en el documento se establece la figura de un empleado en cada departamento de la empresa que acompañe y asesore a la víctima en todo momento.
Cabe destacar que, por primera vez, será compatible la sanción administrativa y la actuación judicial en estos casos. En la actualidad, la vía administrativa no tiene mayor recorrido si se instruye una denuncia en los tribunales. Se trata del protocolo con el mayor ámbito de aplicación laboral en España, ya que se podrán acoger al mismo más de 230.000 de personas que trabajan en la Administración General del Estado