La ampliación de las prestaciones en el sistema de Seguridad Social (I)

Acostumbrados como estábamos a los recortes en el catálogo de prestaciones del sistema de la Seguridad Social o a la imposición de nuevos requisitos e incluso a una interpretación más restrictiva de los ya existentes, ahora nos topamos de bruces con un cambio significativo de tendencia al haber acordado el Gobierno en varios Reales Decretos-leyes precisamente lo contrario.

En algunos casos, se amplía la protección, mientras que en otros se relajan los requisitos e incluso se crea alguna nueva prestación de Seguridad Social. El resultado acerca de la efectividad de estas normas y del impacto en las arcas de la Seguridad Social habrá de verse con el paso de los meses, pero la incidencia recaudatoria también fue prevista por el Gobierno al haber adoptado medidas para incrementar las aportaciones a la Seguridad Social.

Normativa de interés:

Estas son las normas que, en su conjunto, han operado las modificaciones que aquí se analizan:

a) Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

b) Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.

c) Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en la ocupación.

d) Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de Medidas Urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en el trabajo.

Dada su proximidad temporal, podríamos entender que responden a una misma filosofía y que, todas ellas, engarzadas entre sí, componen un único núcleo de reformas de la Seguridad Social con el fin de ampliar su acción protectora.

Prestaciones que se mejoran

Las distintas Exposiciones de Motivos no hablan del asunto de forma expresa, pero sí que, de forma velada, mencionan la recuperación económica como uno de los argumentos para mejorar la cobertura de las prestaciones de Seguridad Social. Es más, en algunos casos se alude al incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social por el correlativo aumento del Salario Mínimo Interprofesional que, evidentemente, implica mayor recaudación en concepto de cuotas sociales.

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, inicia la senda reformista y de mejora de las prestaciones de Seguridad Social. Por un lado, aprueba el incremento de la revalorización de las pensiones (cfr. art. 1). En la Exposición de Motivos se justifica este incremento de las pensiones en el hecho de que, paralelamente, ha sido incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, lo que llevaría aparejada una mayor recaudación.

En el ámbito de la cobertura a los trabajadores autónomos, cabe destacar que se extiende la cobertura de las contingencias profesionales y de la prestación por cese de la actividad económica, pero la norma lo hace precisamente estableciendo como obligatorias las coberturas de estas eventualidades. Si bien estas coberturas ahora se extienden a la totalidad de los trabajadores autónomos, cabe indicar que sólo afectará a los que se den de alta o se hayan dado de alta desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley (1 de enero de 2019), mientras que a los anteriores no les afecta salvo que quieran cubrir expresamente dichas contingencias o eventualidades. Eso sí, tanto en el primer caso como en el segundo, el incremento en la cuota de cotización resulta indicativa. Recordemos la práctica que venía sucediendo con la dificultad por parte de las Mutuas de Trabajo y Accidentes Profesionales para reconocer las contingencias profesionales, lo que generaba un general rechazo por parte de los autónomos a cubrir este tipo de contingencias.

Por otro lado, también se incorporan a la protección de la Seguridad Social los trabajadores que presten servicios al amparo de contratos formativos, evitando así la gratuidad en cuanto a cotizaciones a la Seguridad  Social que venía siendo característica de este tipo de contratos, hasta el punto de que se ha detectado un abuso de esta modalidad contractual. Esto también implica un incremento de cotización a la Seguridad Social.

También supone un incremento de flujo recaudatorio para la Seguridad Social el recargo que se impone a los contratos de duración igual o inferior a cinco días (cfr. art. 151 Ley General de la Seguridad Social), que verán incrementada su cuota de contingencias comunes en un 40 por ciento respecto a los demás contratos de trabajo. A cambio, se establecen equivalencias para que los titulares de múltiples contratos de este tipo puedan acceder más fácilmente a la acción protectora de la Seguridad Social (v. gr., que un número de días cotizados equivalga a un número de días superior).

Por otro lado, el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de Medidas Urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en el trabajo, aunque resulte conocido por regular la obligación de registro de jornada de trabajo, también adoptó medidas  en materia de Seguridad Social. Entre las más destacadas se encuentra la reducción de los 55 a los 52 años para el acceso al subsidio de desempleos para mayores de dicha edad, lo que permite el acceso a muchos trabajadores al mismo.

El artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en la ocupación, adopta  una serie de medidas en materia de igualdad. Dentro del ámbito que aquí nos interesa, modifica la Ley General de la Seguridad Social a la hora de mejorar los períodos de carencia para acceder a la prestación por maternidad, a cuyo efecto se exigen los siguientes:

a) Si la beneficiaria tiene menos de 21 años: no se exigirá carencia de ningún tipo.

b) Si tiene entre 21 y 26 años: 90 días cotizados dentro de los siete años anteriores o alternativamente 180 días a lo largo de su vida laboral.

c) Si cuenta con más de 26 años: 180 días cotizados en los últimos siete años o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su carrera profesional.

 

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